A partir del año 1995, cuando ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la República Dominicana se ha abierto al comercio internacional. En 1998, suscribió acuerdo de libre comercio con la Comunidad Caribeña (CARICOM). En 2007, entró en vigencia el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y los países de Centroamérica (DR-CAFTA). La República Dominicana es también beneficiaria del Acuerdo de Cotonú suscrito en Benín el 23 de junio del 2000, entre los 77 Estados que conforman la Asociación de Países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y la Comunidad Europea. En el mismo orden, la República Dominicana, conjuntamente con los 14 países del CARICOM, concluyó recientemente las negociaciones con la Unión Europea para dar paso, de manera provisional a partir del 1 de enero de 2008, hasta su firma y puesta en vigencia definitiva en abril 15 de 2008, a un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre los países del bloque caribeño y los 25 países que conforman la Unión Europea. Dicho acuerdo permitirá la liberación comercial de servicios e inversiones entre las partes, al mismo tiempo que el ingreso libre de aranceles u otras barreras comerciales para los productos exportados entre los países partes. En adición a estos acuerdos, la Cancillería y la Oficina de Negociaciones Comerciales están en el proceso de iniciar negociaciones de posibles acuerdos de libre comercio con México, Taiwán, Australia y Colombia.

El derecho fiscal afecta en gran manera cómo se comportan las empresas internacionales en la ejecución de sus negocios, resultando de suma utilidad para esas empresas la planificación fiscal oportuna que tome en consideración los dilemas y las oportunidades que les brinda del derecho fiscal internacional. En materia fiscal, existe un principio general, universalmente aceptado, que les concede el derecho a las personas físicas y jurídicas de organizar sus negocios de tal forma como para reducir al mínimo sus impuestos. Nuestra firma se ha especializado en esta materia, tan importante para las empresas internacionales que se instalan en República Dominicana.

Para más detalles sobre el régimen tributario en la República Dominicana, favor de consultar nuestra guía de impuestos.

El bufete tiene una larga experiencia en la representación de clientes en asuntos contenciosos en las áreas de derecho civil, comercial, inmobiliario y laboral, ante todas las jurisdicciones, incluyendo la Suprema Corte de Justicia. Nuestros abogados litigantes están reconocidos como preeminentes en su área de ejercicio profesional En 1962, nuestro fundador fue el abogado representante de la parte demandante en el juicio del asesinato de las Hermanas Mirabal, las heroínas nacionales asesinadas por oponerse a la dictadura trujillista. En el año 2002, Guzmán Ariza asumió una posición de liderazgo en representación de muchos familiares de las víctimas del accidente del vuelo #587 de American Airlines en noviembre del 2001 en Nueva York.

Debido a las deficiencias y retrasos que afectan al sistema judicial dominicano, hacemos énfasis en las negociaciones y transacciones previas, para evitar pleitos y gastos en la medida de lo posible. Promovemos, además, el uso de arbitraje tanto en el ámbito local e internacional como una alternativa al litigio.

En el campo internacional, nuestros abogados han servido en múltiples ocasiones como expertos en derecho dominicano en litigios llevados a cabo en jurisdicciones extranjeras. Nuestro Director, Licenciado Fabio J. Guzmán, ha suscrito numerosas opiniones y “affidavits” sobre derecho dominicano sometidas ante tribunales de los Estados Unidos y de Europa. En el año 2004, el Licenciado Guzmán testificó ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York, como experto en derecho dominicano en representación de varias corporaciones americanas (John Deere, Cummins Engine, General Motors, Ford Motor Company, International Truck and Engine, Caterpillar) demandadas en responsabilidad civil en relación con hechos ocurridos en República Dominicana.

Una disposición especial de la ley de divorcio dominicana les permite a los extranjeros divorciarse en la República Dominicana en un día, sin ningún requisito de residencia, a condición de que ambos cónyuges estén de acuerdo y acepten la jurisdicción de los tribunales dominicanos. Sólo uno de los cónyuges debe viajar a la República Dominicana y estar presente en el tribunal. El otro cónyuge puede ser representado por un abogado de nuestro bufete mediante poder. La sentencia de divorcio se dicta el día de comparecencia ante el tribunal. Los documentos del divorcio, debidamente legalizados por embajada correspondiente en el país, se envían por correo privado a las partes días después de la comparecencia ante el tribunal.

Antes de solicitar un divorcio dominicano, se aconseja a las partes consultar con sus abogados locales para determinar la validez del mismo en su lugar de residencia. Aunque los tribunales de algunas jurisdicciones (Nueva York, Connecticut, Tennessee) han considerado válidos los divorcios dominicanos, tribunales de otras jurisdicciones o bien no han tenido la oportunidad de decidir sobre estos divorcios o los consideran nulos por razones de orden público. Muchos servicios en internet que ofrecen divorcios dominicanos y algunos abogados dominicanos no enfocan este asunto adecuadamente.

Nuestro bufete tiene amplia experiencia en la obtención de residencias para sus clientes extranjeros que vienen jubilados o desean hacer negocios en la República Dominicana. Las personas que solicitan la condición de residentes deben estar en buen estado de salud, tener suficientes medios económicos y carecer de antecedentes penales. El solicitante puede iniciar los trámites de su residencia mientras se encuentra en el país con una tarjeta o visa de turista. El extranjero que haya vivido en la República Dominicana como residente permanente durante dos años o, en algunos casos, seis meses, puede solicitar la nacionalidad dominicana mediante naturalización. La naturalización no es automática, si no que es otorgada a discreción del gobierno. No existe en la República Dominicana, como en otros países del Caribe, un programa económico de naturalización, mediante el cual se concede la nacionalidad de manera automática a los extranjeros que invierten una determinada cantidad de fondos.