Un grupo conformado por varias organizaciones de la sociedad civil y abogados sometieron recientemente ante la Suprema Corte de Justicia una acción directa en inconstitucionalidad contra varios artículos de la nueva Ley de Migración No. 285-04 del 27 de agosto del 2004. Según Antonio Pol Emil, vocero del grupo, dicha acción está fundamentada en la violación del principio de igualdad ante la ley, la vulneración del principio de la inviolabilidad de la vida, la represión de la libertad de tránsito y el desconocimiento del derecho al debido proceso.

Entre los puntos que esta acción busca declarar incostitucionales están los siguientes: a) aquellos artículos que a juicio de los recurrentes introducirían en República Dominicana la servidumbre de la gleba, institución feudal mediante la cual las personas contratadas para labores agrícolas deben permanecer en el lugar donde le señale el patrón, sin importar las condiciones de trabajo; y b) el nuevo precepto legal que establece que "los No Residentes son considerados personas en Tránsito, para los fines de la aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la República". Dicho artículo de la Constitución otorga la nacionalidad dominicana a "todas las personas que nacieren en el territorio de la República con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él".