Durante el último día de la legislatura pasada, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que regulará los burós de créditos en la República Dominicana. Dicho proyecto fue elaborado con el propósito de someter a regulación los burós de créditos que desde hace varios años operaban en nuestro país sin regulación legal y de garantizar la privacidad y derechos de los titulares de las informaciones que administran.

La nueva ley establece derechos de información para las personas titulares de información y les provee el derecho a conseguir rectificaciones o supresiones adecuadas en caso de que los datos resulten ser erróneos o inexactos. En ese sentido solo podrán consultar informaciones de una persona aquellas personas o instituciones que hayan tenido una relación jurídica con el consumidor, tal como haberle vendido algún bien o haberle prestado un servicio.

La nueva ley crea un proceso de reclamación que favorece a las entidades financieras y comerciales y a los burós de crédito en la medida que obligará al consumidor a agotar un proceso de rectificación de datos con los burós de creditos previo a la interposició de cualquier acción legal y estos últimos solo responderán por los daZos que causen "cuando exista dolo o mala fe" y no hayan acatado el procedimiento de reclamación y corrección de datos previstos en la ley. Según esta nueva ley los burós de crédito serán supervisados por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria.