Santo Domingo.- La Jurisdicción Inmobiliaria puso en marcha ayer el Sistema de Gestión y Automatización Registral (Sigar) que digitalizará los expedientes depositados en las distintas oficinas de Registro de Títulos del país.
Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), institución superior de la Jurisdicción inmobiliaria, explicó que con el Sigar se pretende disminuir el tiempo de procesamiento de títulos y que se empezará a implementar en las oficinas con mayor valor estratégico para el desarrollo turístico, como Higüey, Puerto Plata, Samaná y Santo Domingo.
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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), demandó este martes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el descongestionamiento de los expedientes del Registro de Título de la provincia Peravia. Asodagrim indicó que en la actualidad existen más de cinco mil expedientes en los archivos de esa dependencia, situación que la atribuye a la falta de personal para agilizar el proceso de los mismos en perjuicio de empresarios inmobiliarios, agrimensores, entidades bancarias y otros actores del sector.
El relacionar público de los agrimensores, Miguel Valoy, calificó la situación de preocupante. Deploró que una simple certificación de Registro dura más de dos meses para ser expedida y los títulos de propiedad hasta un año.
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Una misión de empresarios españoles que visita la República Dominicana expresó su interés de invertir en el país en diversas áreas, como la construcción, alimentos, sector eléctrico, papel, entre otros, durante una presentación encabezada por funcionarios locales.
Eugenio Jordá Vidal, socio director de Divisiones Financieras, explicó que la visita de los empresarios fue coordinada por esa firma española, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy, debido a que entienden que en el país existen posibilidades de realizar inversiones fructíferas.
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La Alianza ONG y representantes del sector de organizaciones sin fines de lucro solicitaron a la Dirección de Impuestos Internos que clarifique la situación de la ley 122-05 que plantea una exención total de impuestos a estas entidades, pero que la DGII no está aplicando en su totalidad. En un artículo publicado en la más reciente edición de la revista Gestión & Competitividad se señala que “en algunos casos se le ha otorgado exención de ITBIS a alguna entidad no gubernamental, pero en otras ocasiones a la misma institución se la ha negado”, por lo que “eso lo que hace es que nos dificulta más nuestra operatividad”, asegura Rosa Rita Álvarez, expresidenta de Alianza ONG.
El artículo de la revista explica que “desde la promulgación de la ley hasta la fecha no se ha podido oficializar una norma de la Dirección de Impuestos Internos que permita a estas entidades acceder” a la exención fiscal completa. La ley 122 del 2005 señala que “las Organizaciones Sin Fines de Lucro, una vez cumplidos los requisitos legales para su constitución y sean autorizadas a operar en el país, gozarán de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, de carácter nacional o municipal, vigentes o futuros”.
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La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) propuso que sea eliminada la ley 6-86.
Esa ley establece la especialización del uno por ciento sobre el valor de todas las obras públicas y privadas para el fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del sector.
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